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jueves, 4 de diciembre de 2014

POLÍTICA MUNICIPAL: IU noviembre 2014 (GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA)



Varios asuntos en el pasado Pleno que para nuestro grupo eran de gran importancia, aunque estuvieran en su mayoría relegados al apartado de ruegos y preguntas y no formaran parte del orden del día.

En primer lugar la moción relativa al cumplimiento de la Ordenanza Municipal Reguladora de la instalación de mobiliario y cartelería para los establecimientos de restauración de Aracena.
Esta ordenanza se publicó en el BOP de la provincia de Huelva el 19 de junio de 2013 y desde el 10 de julio de 2013 tiene plena eficacia, ejecutividad y valor.
Sin embargo transcurridos más de 16 meses y a pesar de la insistencia de nuestro grupo, esta ordenanza no se aplica en nuestra localidad con lo que ello supone de perjuicio y, en muchos casos, de peligro para los peatones que ven cómo la instalación de veladores y sillas en los acerados impide el paso seguro y sin obstáculos por los mismos.
El alcalde se encuentra obligado por la constitución y por el resto de Ordenamiento Jurídico a ejecutar y hacer cumplir la Ordenanza Municipal a que nos referimos así como otras leyes que protegen a las personas en las vías públicas, pero no lo ha hecho. Según ha argumentado hasta ahora porque hay que ser flexibles en la aplicación de las norma. Pero disfrazado de buena voluntad nos podemos encontrar ante un delito de prevaricación por infracción en el cumplimiento de un deber, convirtiéndose su actuación en expresión de su libre voluntad y arbitrariedad. 
Esta vez lo que en otros Plenos fue un ruego se ha convertido en la exigencia de que la Alcaldía, en cumplimiento de sus obligaciones, ejecute y haga cumplir los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento.
Y parece ser que nuestro cambio de tono ha tenido algún efecto porque el alcalde se ha comprometido a solicitar de la policía los informes necesarios para evaluar el nivel de incumplimiento de la Ordenanza y posteriormente reunirse con los empresarios del sector a fin de solucionar este problema en los mejores términos para los intereses tanto de empresarios como de peatones.

Por otro lado solicitamos que se nos aclarara en qué términos y en relación a qué procedimiento administrativo se había procedido a la contratación de los seguros del ayuntamiento, ya que, tras solicitarlo nuestro grupo, nos hemos encontrado con que no existe expediente donde se recoja la convocatoria de concurso, ni el pliego de condiciones del mismo, ni las condiciones de adjudicación y la resolución del procedimiento fechada y firmada( incluida la composición de la mesa de contratación o del organismo o autoridad competente para realizar dicha contratación). Al parecer todos nuestros argumentos eran erróneos y la actuación del Ayuntamiento ha sido más que apropiada, sin embargo, también después de abordar nuestro grupo este tema de manera fuertemente crítica, el alcalde se ha comprometido a realizar convocatorias por procedimiento negociado o por concurso abierto. Bueno, más vale tarde que nunca.

También solicitamos al Ayuntamiento que investigue en qué situación se encuentran varias viviendas de la promoción de 120VPO de Cercado de Reyes, ya que hemos constatado que existen viviendas desocupadas.

Y finalmente la aprobación, con el apoyo del PSOE, de la moción presentada por nuestro grupo referente a la declaración de Aracena como municipio opuesto a la aplicación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión. Un asunto que sí estaba incluido en el orden del día y que nos parece especialmente importante por la repercusión que puede tener a nivel local a pesar de ser un tratado a nivel internacional.

Presentamos un resumen de la moción y de los acuerdos adoptados y os invitamos a visitar estos enlaces  (http://www.agarzon.net/50-preguntas-y-respuestas-sobre-el-tratado-de-libre-comercio/, www.youtube.com/watch?v=hU8SsEtFvds,  www.youtube.com/watch?v=NQFCRrubNOM),  para obtener información más amplia y clara sobre este asunto.
En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los estados miembros de la Unión Europea de negociar con los Estados Unidos el Tratado Transatlántico del Comercio y de la Inversión (más conocido como TTIP), también conocido como Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio (TAFTA) presuntamente con el fin de incrementar el comercio entre la UE y EEUU, con objeto de conseguir crear empleo, crecimiento económico y mejora de la competitividad.
Desde entonces, UE y EEUU están negociando, de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección  de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales al interés general.
Los gobiernos regionales dentro de la UE tienen el derecho a ser informados sobre la legislación que va a ser acordada a nivel europeo y que les afecta, para que así puedan expresar sus opiniones. Ese derecho no se ha facilitado hasta ahora a las distintas regiones europeas respecto a las negociaciones que se vienen produciendo con relación al TTIP.
EEUU y la UE intentan incluir en el TTIP medidas para la protección de los inversores. En el caso de presentarse conflictos por parte de dicho colectivo con el estado, una Comisión de Arbitraje será quien se encargue de resolverlos. Este órgano tendría competencias para establecer compensaciones económicas de los estados a los inversores.
Así mismo, a la ciudadanía le interesa que los servicios públicos sean eficientes para asegurar una buena calidad de vida, sin embargo los acuerdos comerciales implican a menudo el riesgo de restringir las políticas públicas con “cláusulas freno”, especialmente en el campo de los servicios públicos.
El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de  prestación de los mismos a las ETN, así como  a las compras y licitaciones  de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas, en todos los niveles de poder, y compromete la habilidad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, empleo  e iniciativas locales.

De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social, e ignoran cualquier legislación continental, nacional, regional o local. Esta lógica desmantela los servicios públicos y suprime la libertad de los poderes locales para suministrar los servicios públicos y satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones, atendiendo a políticas y planes de desarrollo industrial y de fomento de la industria y empleo locales.

La competitividad y el desarrollo económico no deberían ser los únicos criterios para determinar los acuerdos comerciales tales como el TTIP. Así mismo, los aspectos ecológicos, sociales, sanitarios, culturales y medioambientales tienen que ser considerados en cualquier negociación comercial bilateral.

Acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento:

1.                 Declarar a éste Municipio de Aracena como Municipio opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social.

2.                 Solicitar del Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de la Nación su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles.

3.                 Solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares, si éstos no tienen la finalidad de conseguir:

        que mecanismos como el ISDS no sean incluidos en éste ni ningún otro tratado
        defender la actual política reguladora de la UE y de sus Estados de manera que no se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente
        que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean de tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y los ambientales
        que se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público en la UE y sus respectivos parlamentos nacionales
        que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo.

 
Aprovecho para recordaros que todos los lunes celebramos asamblea abierta a las 20:00 en la sede de la c/ Santa Teresa.
  
                                                    Nuria Bonilla González
    
                                    Portavoz de IULV-CA Ayuntamiento de Aracena.



 Nuria Bonilla, concejala - portavoz del Grupo Municipal de IU en el último pleno de noviembre en primer plano.  

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